El total de solicitudes presentadas en 2018 supone una variación del -13,3% respecto del año anterior. Aun así, el volumen de inversión inicial declarada refleja una variación del + 26,7% respecto de 2017 y llega a casi 180 millones de euros.
Las inversiones extranjeras directas corresponden a las operaciones societarias que requieren autorización previa, como la constitución de una sociedad, la adquisición de más del 10% de acciones o participaciones de una sociedad andorrana, la modificación de objetos sociales y las ampliaciones de capital. Ante esto, la Administración dispone de un mes para resolver la solicitud y el silencio administrativo es positivo. Si bien es cierto que antes del año 2012 ya había una regulación de la inversión extranjera en el Principado de Andorra, es con la entrada en vigor de la Ley 10/2012, del 21 de junio, de inversión extranjera al Principado de Andorra que culmina el proceso de apertura económica.