El ministro de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, y el secretario de Estado de Economía, Èric Bartolomé, han presentado este jueves, 1 de septiembre de 2022, el Proyecto de Ley de Medidas para el Trabajador por Cuenta Propia. La modificación da respuesta a una demanda repetida del sector, que reclamaba asimilarse a los asalariados en algunos derechos y obligaciones. «Destacamos el firme compromiso del Gobierno con este colectivo», ha afirmado Gallardo.
El ministro ha puesto de relieve que los trabajadores por cuenta propia que cotizan a la CASS han aumentado un 14,7 % durante el período del 2017 al 2021, situándose en cerca de 8000 personas, según datos de la CASS, y son una parte importante del sector empresarial del país. No obstante, Gallardo también ha apuntado que, en el mismo período, los ingresos declarados pasan de representar un 29 % del PIB a un 25 %, un descenso marcado sobre todo por los efectos de la crisis económica derivada de la COVID-19.
Así pues, el proyecto de ley busca impulsar la actividad por cuenta propia como un recurso de productividad de la economía andorrana, poniéndola en valor y mejorando las condiciones para su desarrollo, especialmente en los ámbitos de la conciliación laboral y familiar, las condiciones de cotización, la dependencia respecto a un solo cliente y las medidas fiscales. «Es un paquete de medidas que ayudará a los trabajadores por cuenta propia a seguir teniendo el peso en la economía andorrana que históricamente han tenido», ha apuntado el ministro.
Así, el proyecto de ley se estructura en seis títulos. El primero tiene como objetivo dar seguridad jurídica a los trabajadores por cuenta propia dependientes: son aquellos cuya actividad profesional depende en al menos un 80 % de un solo cliente, por lo que se hace necesario conferirles determinados derechos similares a los asalariados. En este apartado, se determinan los requisitos y también los derechos adquiridos, por ejemplo, referentes a la jornada, las causas de resolución de contrato y la promoción del uso en la mediación en los conflictos.
El título II regula y recoge las medidas en los ámbitos fiscales, de seguridad social y de protección social y sociosanitaria de los trabajadores por cuenta propia. En concreto, se modifica la Ley del IRPF para permitir reducciones vinculadas a la actividad profesional, y se establecen exenciones en el caso de rentas inferiores a 24 000 euros y bonificaciones durante el primer año de actividad. También se propone que, de las prestaciones económicas por invalidez por accidente laboral, maternidad o adopción y riesgo de embarazo, la parte empresarial de la cotización sea asumida por la CASS, entre otros.
Además, entre otras cuestiones, se considera accidente laboral las enfermedades derivadas de la ejecución del trabajo y los accidentes in itinere, y se reconoce la pensión de jubilación anticipada manteniendo la actividad con el cumplimiento acumulativo de unos requisitos concretos.
Los siguientes títulos, ha proseguido el ministro, hacen referencia a la facilitación de la conciliación familiar —con una bonificación de entre el 25 % y el 100 % para cuidar a menores, familiares discapacitados o dependientes— y al ámbito de la seguridad social: se propone simplificar los requisitos para acreditar la no retribución de los administradores de sociedades. Se permitirá modificar las cuotas de cotizaciones dentro del mismo año natural, en función de proyecciones trimestrales.
Finalmente, el texto también incluye la creación del Departamento de Trabajo por Cuenta Propia y del Registro de Trabajadores por Cuenta Propia, con el fin de dar un apoyo específico y especializado a este colectivo por parte de la Administración, a la vez de disponer de datos estadísticos del sector que puedan extraerse del mismo. «La existencia de un registro y un departamento específicos a los que se puedan dirigir es importante», ha indicado el ministro de Presidencia, Economía y Empresa.
«El texto da respuesta a las necesidades y reivindicaciones históricas de este colectivo del país», ha puesto de relieve Jordi Gallardo, que ha querido señalar que el proyecto de ley «es necesario» para continuar apoyando a los trabajadores por cuenta propia.
Texto y foto: Govern d’Andorra
